"Ante la previsible aprobación hoy de la polémica ley Sinde, los
periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet
seguimos manifestando nuestra firme
oposición a una norma
que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio
de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la
cultura a través de Internet.
En principio no parece de recibo que un
Gobierno en funciones
adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de
Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones
ejercidas por EE UU, a través de su embajada en Madrid, como
revelaron los cables de Wikileaks. En todo caso insistimos en estos razonamientos:
- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de
inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia.
Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de
la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo
dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los
ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en
todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos
campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la
creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y
ralentizando su proyección internacional.
- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.
Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo,
que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales
tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas
creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones.
Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que
no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si
su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y
en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían
buscar otro modelo.
- Consideramos que las industrias culturales
necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y
asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de
limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen
perseguir.
- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas
auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de
negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España,
ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el
desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual
orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el
dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público
y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es
de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos
fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia".
La ley Sinde, recogida en la disposición final cuadragésimo tercera de la Ley de Economía Sostenible y publicada en el BOE el 5 de marzo de 2011, permite la retirada de contenidos o la interrupción del servicio de una web de descargas de contenidos ilegales
sujetos a derechos de autor,
esté o no alojada en un servidor de España, previa autorización de un
juez de la Audiencia Nacional. El Real Decreto refuerza el
procedimiento de mediación y arbitraje de la sección primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente de Cultura, con el
propósito de
la resolución "voluntaria" y "extrajudicial" de los conflictos sobre propiedad intelectual.
Fue el pasado 15 de febrero cuando el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobaba la disposición final de la ley de Economía Sostenible conocida como ley Sinde, con el apoyo de PSOE, PP y CIU y con la oposición de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC.
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